El Gran Hermano Mexicano 2025: la nueva Ley Censura

Los últimos días nos sorprendieron con un dictamen de la Ley de Telecomunicaciones que en el mundillo político ya llaman la “Ley Censura”. Todo empezó con el escándalo televisivo de un spot antiinmigrante de Trump y la consiguiente urgencia oficial por frenar la supuesta “injerencia extranjera”. La presidenta Sheinbaum argumenta que la reforma busca prohibir propaganda foránea (y, de paso, premiar a Televisa por el thriller xenófobo que transmitió), pero en el fondo el artículo 109 abre la puerta a una tecnofagia autoritaria. Ahí dice en letra muerta: las “autoridades competentes podrán solicitar la colaboración” de la recién creada Agencia Digital (ATDT) para bloquear temporalmente una plataforma digital, ante “incumplimiento a disposiciones”. El problema es que no se define ni qué comités son “competentes”, ni qué incumplimientos califican, ni qué plataformas. Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales, casi cualquier sitio de Internet entra en la definición.

El talón de Aquiles: Artículo 109

En resumen, el artículo 109 no es otra cosa que un pasaporte dorado al censor de Estado. La prensa documentó el texto exacto: “Autoridades competentes… bloqueo temporal a una Plataforma Digital… por incumplimiento…”. Tan genérico, que deja a la ATDT decidir si es YouTube, el Wi-Fi público, o hasta el puesto de tacos donde ofrezcan servicios digitales lo que debe caer. Los críticos no ahorran adjetivos: senadores del PAN y PRI dijeron que este párrafo concede facultades totales para “bloquear, censurar… sin necesidad de orden judicial, sin límite de tiempo, sin contrapesos”. Ricardo Anaya, sin rodeos, lo bautizó **“la Ley Censura”**. Y no fue el único: el PRI alertó que ahora el gobierno decidiría qué puede o no transmitirse, con una única agencia-subordinada-control absoluta. ¿Contra quién iría esa censura? “No es para un canal en especial, sino para el comunicador crítico”, advirtió Anaya.

Especialistas en derechos digitales pintan escenarios dignos de novela distópica. Luis Fernando García (R3D) señaló que ese Art.109 pone ”a discreción del gobierno” la suspensión de cualquier plataforma, ya sean redes sociales, sitios de noticias o incluso servicios de banca en línea. O sea, hoy llamarte un “vándalo progresista” en un tuit y mañana despertar sin WhatsApp ni Google. García comenta que la ley no dice cuándo se debe bloquear, solo otorga a la ATDT “facultad genérica… para definir cuándo se puede bloquear una plataforma entera… cuál no vas a poder entrar a Facebook, Instagram, TikTok o YouTube”. Es “sumamente violatorio de derechos” y hasta la propia Constitución lo prohibe, advirtió. También ilustró la magnitud: esto equivale a cerrar una cadena de televisión entera por una sola nota o suspender la distribución de un periódico completo por el contenido de una columna. Ya ni hablar de las comparaciones con regímenes autoritarios: medios como La Jornada recordaron que hasta TV Azteca y Televisa han acusado al gobierno de “autoritarismo” y la han comparado con dictaduras que limitan la libertad de expresión. En suma, el “risgo de censura” no es paranoia: todos lo llaman así.

La oposición y los “tics” de autoritarismo

La reacción opositora fue inmediata y dramática. En cámara, ya se movían referencias culturales tan absurdas como factuales. Ricardo Anaya profetizó que Morena quería *“el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios”*. Mencionó que el Partido Verde y PT apoyaban cerrar las filas y avanzar “a paso veloz” el dictamen sin casi leerlo. La senadora Barrales (MC) acusó un albazo legislativo: la reforma se presentó a las 10pm del miércoles y estaba votándose a las 10am siguiente. En este circo, Morena/PVEM/PT se impusieron con sus votos, pero cobraron protesta en voz alta: “¡Alto al Frankenstein de la #4T!” podía haberse leído en pancartas imaginarias.

Los opositores señalaron además incoherencias gramaticales como otro síntoma de prisa: un artículo pedante (el 192) que obligaba al “uso correcto del lenguaje” fue incluido, pese a que la Suprema Corte lo había tumbado en 2020. Peor aún, aclaraban, era cínico que ahora se juzgue a Televisa por sacar un anuncio extranjero cuando hace poco se toleró cualquier spot a cambio de anunciantes. Alejandra Barrales lo resumió: el pretexto era frenar propaganda foránea, pero el mecanismo ”golpea a todo el sector” al centralizar todo en una sola agencia. La legisladora Lisbeth Sánchez (PT) defendió la iniciativa diciendo que ni soñar con censura (“se busca proteger la soberanía nacional… garantizar derechos humanos y cohesión social”, alegó). Pero a estas alturas la “cohesión social” sonaba a eufemismo. Si algo quedó claro: todos hablan del Art.109 como “ese artículo que armó un escándalo tremendo”, aunque ella diga no querer censurar.

Hipocresía oficial: ¿Protección o teatro?

Oficialmente el discurso fue siempre el mismo: “¡No censuramos a nadie!” En conferencia mañanera Sheinbaum se apresuró a declarar que modificarán o eliminarán el párrafo polémico. “Nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie”, insistió, invitando a un “periodo extraordinario de discusión” para aclarar dudas. El comunicado oficial incluso resaltaba que lo importante era prohibir propaganda extranjera ofensiva, no limitar la libre expresión. Sin embargo, el sarcasmo flota en el aire: el proyecto salió exactamente del ejecutivo, impulsado por Morena, y se aprobó a todo vapor antes de que se leyeran los chistes. En realidad, la jueza presidenta sólo cobró conciencia de la conmoción pública a posteriori. Para entonces, las comisiones habían aprobado la ley “fast track” sin cambiar una coma; ella anunció eliminar el artículo entre una frase y otra. Es decir: el gobierno plantó la semilla del autoritarismo y luego se dio cuenta de que había crecido un monstro.

Lo más ridículo es cómo justifican el grotesco: se habló de una “Agencia Digital” todopoderosa que recupera facultades del ahora extinto IFT, pero con mucho más sesgo político. El ATDT, dicen, velará por el pueblo guardando espectro y vías de datos. Traducción: el tío encargado de distribuidor radioeléctrico ahora decidirá si tu canal crítico “incumple” normas. O como advirtió Anaya, concentrar esas facultades en una sola persona es *”controlar las concesiones, todo, porque quieren el control de la narrativa pública”*. En la misma mañanera, a la pregunta de “¿censura?” la respuesta fue tan seca como irresponsable: “si crea confusión […] en todo caso que se quite el artículo”, dijo la Presidenta. O sea, quitarlo después del show. Al mismo tiempo, la ATDT tuiteó que el enfoque era fiscal (impuestos, digamos), nada que ver con contenidos. Dicen “¡Protegemos el país!”, pero hasta ahora su “protección” parece dirigirse sobre opositores, críticos y sobrecargar a los gigantes digitales hasta el hartazgo.

Consecuencias fantásticas (o de terror)

¿Por qué exagerar que esto es censura pura y dura? Pues tomemos al pie de la letra el articulado: ese lineamiento genérico abriría la puerta a cualquier cosa “plataforma digital”. R3D apunta que incluiría incluso servicios bancarios o portales de noticias. Imaginemos lo siguiente: un tuit vehemente contra un funcionario de la 4T podría interpretarse como “incumplimiento” en Twitter, y venga la ATDT a “bloquear” la red social hasta que la disculpa aparezca. Tu banco en línea, por no declarar un pago de impuestos, pierde la señal tres días. Netflix, acusada de “subversión” por la serie de moda, se queda muda. YouTube decide vetar un video a la oficina electoral… zas, quedamos sin YouTube por “incumplir lineamientos”. Y qué decir de TikTok: un desafinado verso patriótico y la AGT (Agencia de Gags Tecnológicos) corta la partida. A este paso, hasta Google Maps podría censurarse: ¿y si un restaurante político-incorrecto cae en “incumplimiento”? Y no crean que es demasiado. García (R3D) advirtió que esto es como cerrar un canal de TV completo por un solo reportaje o cortar un diario entero por una sola nota. Dicho de otra forma: un meme desaforado en Facebook sería suficiente para clausurar Facebook en todo el país.

En una broma negra, no faltan comparaciones estrambóticas: si la agencia aplaude lo que transmitimos, terminaríamos en Matrix, solo que en español. Con esta ley en la mesa, cada ciudadano quedaría atado a un abrazo mortal con el monitor, rezando por no teclear alguna palabra considerada “incumplimiento”. Un meme de Brozo, un hashtag anárquico, ¡pum! Cortes de luz digitales. Ya se oye la broma de que la ATDT podría enviarnos un tuit notificando la desconexión. Sin embargo, el proyecto se disfrazó de patriota: cánticos a la soberanía y odio a la propaganda mediática extranjera. Mientras tanto, en la realidad mexicana, lo que protege es la impunidad gubernamental.

Epílogo

Al final, en nombre de la “protección ciudadana” nos venden vigilancia total, pero lo único que queda protegido es el ego del poder. Moraleja final: los impulsadores de la ley, orgullosos críticos del neoliberalismo, nos regalan un control digno del Peñita 2.0. Y tú, lector, que has sobrevivido a las mañaneras de “di no al monopolio extranjero”, ¿te sientes ahora más protegido o más vigilado? Ve guardando la broma que ibas a lanzar en tu tuit: si esta ley pasa, quizás sea lo último que publiques. Porque ya lo advirtió Anaya: están decididos a quitarte la risa… pero asegurémonos de que no puedan borrarnos las carcajadas.

Fuentes: Lo documentan medios nacionales e internacionales: El Financiero y La Jornada reseñaron los textos y voces críticas, Reuters y El País cubrieron la discusión legislativa y la reacción presidencial, y asociaciones digitales analizan la ambigüedad del Art.109. Cada crítico, desde senadores panistas hasta activistas de derechos digitales, coincide en que lo que se llama “protección” huele más a censura previa. (Si te pareció sarcasmo, úsalo responsablemente; el ATDT podría pedir permiso por copyright.)