El reciente decreto emitido en Perú ha encendido las alarmas en cuanto a los derechos y la igualdad de las personas trans en el país. El documento, firmado por altos funcionarios del gobierno, afecta directamente la manera en que el sistema de salud aborda las condiciones relacionadas con la identidad de género, según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En su esencia, el decreto incorpora ciertos diagnósticos al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), lo que parece ser una medida aparentemente benigna. Sin embargo, al observar con detenimiento los diagnósticos incluidos, se revela una discriminación inherente hacia las personas trans.
Bajo la sección de «Persona con problema de salud mental», el decreto lista diagnósticos que, de manera problemática, equiparan la identidad de género con trastornos mentales. Términos como «Transexualismo» y «Trastorno de la identidad de género» son categorizados junto con condiciones claramente médicas como parte de la atención de salud mental.
Este enfoque, que data de una edición de la CIE-10 de 2018, ha sido objeto de críticas en todo el mundo por parte de activistas LGBTQ+ y profesionales de la salud. La inclusión de la identidad de género como un trastorno ha sido desacreditada y desaprobada por organizaciones como la OMS, que han abogado por la eliminación de tales clasificaciones estigmatizantes.
Al amparo de este decreto, se establece que las prestaciones de salud asociadas a estos diagnósticos sean cubiertas, lo que podría implicar que las personas trans sean tratadas como pacientes con problemas mentales en lugar de recibir atención médica apropiada para sus necesidades específicas de salud.
Esta medida no solo perpetúa estereotipos y prejuicios contra las personas trans, sino que también puede obstaculizar su acceso a la atención médica necesaria. La identidad de género no es una enfermedad, y tratarla como tal solo contribuye a la marginalización y discriminación de una comunidad ya vulnerable.
Es fundamental que las políticas de salud reflejen una comprensión actualizada y respetuosa de la diversidad de género, priorizando la atención médica basada en evidencia y el respeto a los derechos humanos. La exclusión de las personas trans de una atención médica adecuada solo perpetúa la discriminación y el sufrimiento innecesario.
En un momento en que se requiere más que nunca solidaridad y apoyo a las comunidades marginadas, es fundamental que el gobierno peruano reconsidere este decreto y trabaje en colaboración con expertos en salud y activistas LGBTQ+ para garantizar que todas las personas reciban atención médica justa y equitativa, independientemente de su identidad de género.
Si deseas leer el decreto, se encuentra disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/5144141-009-2024-ef
Burrito Rosa 
Malos días en la libertad de la sexualidad
Me gustaMe gusta